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Atravesamos días difíciles e impredecibles. A pesar de los múltiples desafíos que desde siempre hemos enfrentado como individuos y sociedad, hoy, los servidores públicos, tenemos delante una de las gestas más grandes de los últimos años: propender por el bienestar ciudadano desde un ejercicio claro y eficiente de nuestras obligaciones al tiempo que sorteamos una crisis global.

Por: Nadya Rangel Secretaria Distrital Del Hábitat.

Es imposible no pensar en el país como un ser vivo. Si por un momento tomamos distancia de las definiciones estrictas y nos acercamos a una conceptualización un tanto más coloquial, pero no por eso menos importante, de nuestra organización política, social y administrativa, encontramos que Colombia es un gran sistema dinámico. La suma de muchas partes conectadas entre sí.

Bajo esa lógica no importa dónde estemos, si somos ciudadanos anónimos o actores visibles, cada acción que ejecutemos afectará en alguna medida nuestras estructuras y por ende va a alterar las vidas de los otros para bien y para mal. En una primera instancia, la que concierne a nuestra cotidianidad, somos responsables no solo de nosotros sino también de quienes nos rodean.

Ahora bien, pensemos por un momento qué sucede si la anterior premisa se ubica en un contexto más específico y se aplica en este. Por ejemplo, para quienes ocupamos una posición en el sector público, cualquiera en su amplio espectro, la escala indudablemente se magnificará. Entonces, nuestras decisiones, aciertos y errores, afectarán a cientos, inclusive diría, a miles de otros seres humanos conectados por el vínculo de la causalidad.

Para ahondar un poco más en la idea, una política pública bien planteada y un equipo de trabajo con capacidad de gestión dirigidos por un líder asertivo, cambian el mundo, mejoran vidas y las salvan. Por el otro lado, las malas planeaciones, la incompetencia y no menos importante, la falta de interés por la comunidad, pueden significar el debilitamiento e incluso el colapso social.

Ser parte del Estado como servidor público implica una gran responsabilidad, si entendemos al primero como el garante del orden, pero sobre todo del bienestar. La ciudadanía nos sostiene con sus impuestos, nos legitima, busca eficiencia y ética, espera lo mejor de nosotros y quiere resultados más que retórica. Es a ella a quienes nos debemos y su esperanza es que demos la talla, en especial en tiempos de grandes crisis como los que estamos atravesando.

La necesidad de un establecimiento con puertas abiertas

La administración pública ha recibido muchas críticas a lo largo de la historia. Hemos visto, a través del arte, el cine, la literatura y demás manifestaciones de la cultura popular el modo en que se la ha tildado de burocrática, lenta, pero sobre todo hermética. Son infinidad las historias que cuentan cómo no hay empresa más tortuosa que hacer un trámite o murallas más inexpugnables que las que protegen las instituciones del Estado cuando se quiere saber algo concreto sobre ellas.

Más allá de los múltiples debates que pueden suscitarse, este hermetismo indebido tiene su contraparte en una cualidad: la transparencia, aspecto que se vuelve un eje fundamental en la búsqueda de una relación más armónica entre el sector público y la ciudadanía. Gracias a este principio, no solo se tejen redes de confianza, sino también se incentivan las buenas prácticas al interior del Estado, se facilita el control sobre el actuar y se permite emitir las sanciones correspondientes a quienes lo ameriten.

En los últimos años, Colombia ha logrado un avance significativo en este aspecto gracias a la expedición de la ley 1712 de 2014 llamada también de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, este instrumento permite que la información pública manejada por un ente del Estado o una persona natural o jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas, pueda estar a disposición de cualquier ciudadano o interesado que la requiera.

Desde entonces podemos decir con seguridad que alcanzamos una gran victoria. Por primera vez en mucho tiempo apareció una nueva herramienta, sólida y bien diseñada, para respaldar las peticiones ciudadanas sobre el tipo de información que se producía dentro del establecimiento, y aunque no significa que no haya existido un marco normativo afín y previo, este instrumento abrió, además, paso a que las entidades bajaran esa pesada cortina y mostraran, cada vez más y mejor, su gestión a la población.

Hay que mencionar que, la ley 1712, desprende sus fundamentos del artículo 15 de la Constitución Nacional donde a los colombianos se les garantiza conocer y actualizar información que se haya recogido sobre ellos. También del artículo 20 que permite la libre expresión, el 23 sobre presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener respuesta y el 74 respectivo al acceso a documentos públicos. Aunque consignados en nuestra norma suprema, su desarrollo legislativo, ciertamente facilita una mejor articulación del sistema y fortalece la democracia haciéndola más participativa.

A pesar de la gran ventaja que ha representado la aparición de la ley de transparencia, es verdad que hoy más que nunca tenemos que prestar atención y entre todos, sociedad civil y entidades gubernamentales, mantener a raya un mal que se origina en la falta de ética pública y privada, la carencia de empatía, la falta de respeto por bienestar del otro y que desde hace décadas se ha convertido en uno de los pilares de nuestros grandes males como sociedad: la corrupción.

La lucha contra este flagelo siempre ha sido una de las principales preocupaciones, pues el daño directo y el colateral que genera afecta la calidad de vida y los índices de desarrollo de los países que más la sufren. No obstante, más allá de las medidas encaminadas desde los gobiernos a combatirla, es interesante ver cómo la sociedad civil demuestra querer ser partícipe directa en la solución.

En el año 2016, un estudio llevado a cabo en 20 países de América Latina y el Caribe por Transparencia Internacional, organización social líder en la lucha contra la corrupción, arrojó resultados remarcables en sus encuestas. Para el caso de Colombia al menos el 74 % de los participantes afirmaron que la gente común puede hacer la diferencia a la hora de combatir esta problemática.  

En el mismo estudio también se expuso que la intención de denuncia se encontraba por encima del 70 %, a pesar de que los índices de pesimismo sobre la percepción de aumento en la corrupción se ubicaron en 63 %. Es decir, aún existiendo una conciencia clara sobre la magnitud de la problemática, en contraste también se presenta, de fondo, una evidente necesidad y voluntad de cambio a través de la acción ciudadana.

Si bien esto último nos da una perspectiva positiva en cuanto al compromiso latente para solucionar un gran problema, el panorama de este sigue siendo complejo. En 2018 los índices de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional ubicaron a Colombia en el puesto 99 de 180 países estudiados. Un resultado que se convierte en alerta roja y obliga a implementar medidas.

De ahí surge la necesidad de construir, a partir de los recursos que nos brinda el sistema legal, instituciones más comprometidas con una gestión eficiente y abierta a la gente. Cualquiera que sea la entidad existe por una necesidad ciudadana y son precisamente ellos a quienes tenemos que contarles qué hacemos y con que propósito. Igualmente informarlos cuando quieran saber sobre nuestros trámites, procedimientos, aciertos y errores. Debemos evitar, con todo nuestro ímpetu las grandes falencias asociadas a la corrupción, que han afectado históricamente a nuestro país económica y socialmente se repitan, más aún hoy, teniendo en cuenta el contexto tan difícil que estamos viviendo.

La transparencia durante la pandemia del COVID-19, un deber ineludible

El año de la pandemia ha sido de cambio y transformación en todo el sentido. Un día hacíamos planes para todo el año, al siguiente vimos como de repente el mundo entero se pausaba. Las industrias, la educación, el turismo, el entretenimiento, las artes se detuvieron. Irónicamente el sujeto más pequeño y sencillo puso en jaque a toda una civilización incluyendo a los Estados más poderosos y desarrollados de la tierra.

El COVID nos ha enseñado a ver el mundo con otros ojos, nos ha hecho valorar muchas cosas que antes siempre dimos por sentadas, pero, desde la administración pública, sin duda nos obligó a adaptarnos a nuevas dinámicas que trajeron consigo varias contingencias con las que hemos tenido que lidiar.

El aislamiento preventivo era necesario para evitar un desborde en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, lo que, de haber sucedido, habría generado una tragedia de enormes proporciones.  Sin embargo, tras esta medida vino una crisis cuyas consecuencias apenas estamos avizorando. La economía disminuyó su marcha generando despidos masivos y cierre de negocios y pequeñas empresas.

En Colombia que además tiene una tasa de informalidad laboral muy alta, el daño es bastante notable. Hace poco la OCDE informó que en septiembre de este 2020 contábamos con los índices de desempleo más altos en la región latinoamericana, por encima del 19 por ciento.

Cuando todo esto empezó, desde el Distrito no nos quedamos quietos un solo momento para enfrentar el reto. Buscamos formas de caracterizar a la población para determinar sus necesidades durante la pandemia y así implementamos una serie de medidas que hoy reportan resultados gratificantes

Las cifras hablan por sí solas, 712.012 familias han recibido un giro de renta básica para suplir sus necesidades. Estas se han enviado desde el Distrito y desde el Gobierno Nacional. Por otra parte, a quienes cumplieron los requisitos, fueron beneficiaros del subsidio de arriendo solidario, diseñado para que familias enteras no fueran expulsadas por atraso en el pago del canon y en otras ocasiones, respaldar a quienes ya estaban sin techo para que les fuera más fácil encontrar un sitio donde vivir mientras se estabilizaban. 10.783 hogares han sido favorecidos con esta figura.

Toda esta información se encuentra al alcance de la ciudadanía y se puede consultar en la página de Internet de la Alcaldía Mayor de Bogotá. He ahí una ventaja importante de saber usar los recursos que tenemos para fomentar la transparencia y el acceso a la información.

Por otra parte, el voluntariado demostró que la ciudad se debe a su gente y que todo es más sencillo cuando nos damos la mano unos a los otros. Muchos fueron los que ayudaron, ya sea en la repartición de mercados en diferentes localidades, como quienes decidieron aportar monetariamente a esta causa. Personas naturales y empresas se unieron para donar dinero en una jornada de Donatón en abril. Entonces se recaudaron 51.696 millones de pesos para cubrir, de diferentes maneras, las necesidades de las familias más vulnerables de Bogotá.

Durante el aislamiento registramos millones de visitas en nuestras actividades culturales virtuales, realizamos múltiples jornadas de desinfección en el sistema de transporte, se disminuyó en 18 % la disposición de residuos en el relleno Doña Juana y además asistimos a miles de hogares a través de subsidios a servicios públicos e igualmente cancelamos suspensiones de los mismos.

Todos estos indicadores se encuentran desglosados de manera específica y a disposición del ciudadano que los quiera revisar en nuestro monitor social. Un recurso de transparencia que permite brindar cuentas claras de las medidas que tomamos, los recursos que usamos y la cantidad de personas beneficiadas desde que la crisis por el COVID-19 empezó.

Gracias a este manejo de la información sostenemos una interlocución permanente con la ciudad, llevamos un control sobre los avances y modificamos lo que creemos conveniente de acuerdo a la evolución de la situación. Es así como, el factor transparencia durante 2020, ha traído consigo un notable mejoramiento en la velocidad de diseño de estrategias y toma de decisiones para poder gestionar en orden y evitando las malas prácticas.

De este modo, con la intención de mejorar cada vez más, la Alcaldía Mayor creó la Senda de la Integridad y lo hizo a través de un decreto que permite llevar a cabo nuevas acciones. Gracias a esta figura, se formalizaron una serie de medidas contra la corrupción, el cabildeo y algunas otras a las que ya era necesario prestar más atención. Lo interesante fue que para llegar a este